“Todo salió en los periódicos; después los de Salubridad fueron por la camioneta y a recorrer el barrio. Comenzaron a sacar muestras de sangre de mis vecinos. Eso me provocó enemistades y cada vez que salía a la calle me insultaban y decían que por mi culpa pasaba todo eso”, relató Sotelo a la prensa.
Se calcula que los vecinos próximos al vehículo fueron irradiados con diez veces más radiación que el incidente en 1979 de Three Mile en Pennsylvania, hasta entonces la mayor catástrofe nuclear de Estados Unidos.
Las autoridades fueron al hospital a buscar rastros de la radiación, pero no encontraron nada. Evidentemente nadie dijo nada sobre la compra ilegal del aparato en 1977. Entonces, la cúpula del Centro Médico de Especialidades, mandó a traer a Vicente en la noche para que “hiciera un trabajo”.
“Un día de enero vinieron como a las 12 de la noche a buscarme dos vigilantes del Centro Médico. Me dijeron que me necesitaban en la chamba y fui. Allá estaban el doctor Lemus, el señor Méndez, que es el administrador del Centro Médico; el ingeniero Guerrero y un licenciado. El licenciado me acosó a preguntas y luego me dijo que firmara una declaración confesando que yo había robado la bomba. Al principio me negué a hacerlo, pero todos estaban encima de mí, gritándome y amenazándome y luego de tres horas acepté firmar”, relató el empleado a Proceso en 1984 y añadió “la verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación, había muchas cosas arrumbadas. Aparatos de ventilación, catres y todo eso y la verdad es que ni un solo letrero con una calavera o algo así”.
El doctor Lemus, miembro del Consejo de Administración del mencionado centro médico, siempre trató de inculpar a su trabajador de los hechos. “No creo que nosotros debamos aceptarla. No somos culpables de los actos de un empleado desleal”, dijo a Proceso en su momento. Se sabía protegido, pues uno de los accionistas del hospital privado era Clemente Licón Baca, oficial mayor de la Secretaría de Energía y Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), a la cabeza de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
Las autoridades le hicieron a Vicente y sus vecinos análisis de sangre y comprobaron que el intendente tenía quemaduras en las plantas de los pies. Se monitorearon alrededor de 450 vecinos afectados y al principio el seguimiento se hizo de forma controlada, pero los vecinos de El Chamizal eran de bajos recursos y dejaron de ir al doctor porque “sólo les sacaban sangre” y, si tenían que tomar medicinas, ellos tenían que comprarlas por su cuenta y tampoco tenían dinero para el transporte.
La corrupción paró en seco las investigaciones en México sobre la búsqueda de culpables, pero en Estados Unidos no. Los estadounidenses encontraron la factura de la máquina para terapia y las enviaron a las autoridades Mexicanas. Cuando se supo toda la historia del desmantelamiento del aparato y su venta como fierro viejo, las autoridades locales procedieron a la clausura del yonke Fénix. Entonces todo se puso feo de la forma más mexicana posible.
El 90% del material radiactivo exportado a Estados Unidos fue recolectado y regresado a Ciudad Juárez, haciendo que 5 mil toneladas de material radiactivo fueran almacenados al aire libre (con el viento que hace en Juárez) fueron colocados detrás del CERESO de la ciudad.
La Comisión de Salvaguardas forzó a 180 trabajadores de ACHIZA a recolectar la tierra radiactiva sin más protección que palas y bolsas de plástico. Los líderes del proyecto se escondían detrás de “tambos de agua” para protegerse de la radiación. Nadie estaba capacitado para tratar con ella.
Lo trabajadores trataron de protestar con su líder sindical, pero no les hizo caso, e incluso los amenazó con el despido como lo narra un trabajador de la empresa Comermex:
“Ni nos hacía caso. Es más, permitió que el mayordomo y el gerente de Producción, Javier Sánchez y Fernando Múzquis, nos amenazaron con el despido si no obedecíamos. Entonces comenzó una especie de psicosis entre los compañeros. Estábamos nerviosos porque no sabíamos qué tan grave era eso que nos ocurría. Por no dejar, la empresa mandó a ocho trabajadores a analizarse en México. Pero de los resultados no supimos nada. Parece que los papeles quedaron con nuestro líder nacional, Napoleón Gómez Sada”
Como no había suficientes inspectores nucleares en el país, se improvisaron a funcionarios de la Secretaría de Salud, sin conocimientos en el tema, para que detectaran las radiaciones en los edificios contaminados. Los trabajadores de las fundidoras tuvieron que ir por toda la ciudad buscando el material contaminado que incluía balines milimétricos que salieron de la bomba de cobalto. Nueve meses después solo en Chihuahua, había 20,000 toneladas de desechos radiactivos muy cerca de zonas habitadas.
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Un claro ejemplo de la negligencia y corrupción que siempre ha imperado en México